Articulos de Fondo

Algunos medios de comunicación se han hecho eco de una preocupación legítima del Colegio de Periodistas por el lento avance de la “Comisión Especial Mixta que estudiará, analizará y dictaminará los Proyectos sobre Libertad de Prensa y Libertad de Expresión que se encuentran en la corriente legislativa, así como aquellos nuevos que ingresen al Parlamento sobre este tema”, constituida hace más de dos años.

Varios hechos nos permiten hacer esta afirmación: la no convocatoria de esta Comisión en forma reiterada a sesiones extraordinarias, la renuncia del diputado que ejercía la presidencia de dicha comisión y la lentitud para nombrar a su sustituto.

La pregunta que nos hacemos los periodistas, es si este país va a continuar siendo una nación que reacciona a los acontecimientos y no va a actuar como un país que tiene un norte claro de lo que debe ser la convivencia social y el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia.

Cuando asesinaron al comunicador Parmenio Medina, los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos se manifestaron. El compromiso parecía sincero: hay que proteger a los comunicadores y hay que avanzar en las reformas legales para que la prensa ejerza su rol con más libertad y responsabilidad. La reacción fue muy similar a que estamos viviendo ahora que han asesinado a varios niños.

Sin embargo, el tiempo da la impresión que todo lo borra, las iniciativas se van debilitando y los compromisos adquiridos no dejan de ser hijos del cálculo político.

Estamos claros que en la Comisión legislativa algunos legisladores si tienen un compromiso serio y desean avanzar a pesar del desinterés de algunos medios de comunicación y de algunos actores legislativos.

Es por ello que hemos solicitado, una vez más, con el mayor respeto el apoyo necesario para que esa comisión sea convocada a sesiones extraordinarias y dictamine afirmativa o negativamente sobre estos puntos:

Si se deben o no despenalizar los delitos contra el honor de funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Si los periodistas pueden ser obligados o no a revelar las fuentes Informativas y así contar con el secreto profesional.

Si como los españoles los periodistas costarricenses pueden contar con la cláusula de conciencia para que el profesional de la comunicación pueda actuar con mayor libertad de acuerdo con sus convicciones y su ética dentro de las redacciones de los medios.

Si es posible en nuestra legislación contar para la prensa con la reproducción de ofensas o la reproducción de afirmaciones de terceros sin enfrentar directamente las actuales consecuencias penales.

Si se establece con claridad en nuestra legislación la responsabilidad solidaria del medio con el periodista en caso de una sentencia condenatoria.

Si los costarricenses pueden o no contar con una Ley de acceso a la información pública que les permita obtener respuestas claras y comprensibles del manejo del Estado.

Si los medios pueden voluntariamente contar con la figura del defensor del lector u oyente como un instrumento para resolver conflictos y fortalecer la relación entre los ciudadanos y los medios de comunicación.

Para algunos esta petición es producto de un acto de histeria, cuando en realidad esta motivada en una preocupación legítima.

Es por ello que una vez más, reiteramos nuestra solicitud a quienes transitoriamente ostentan el poder, de ayudarnos para que se dictamen esas iniciativas de ley y que los legisladores que efectivamente se han comprometido, sin cálculos políticos-electorales, los conozcan y en su momento voten de acuerdo con su conciencia.

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Presidente
Colegio de Periodistas de Costa Rica